Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza a continuación los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2023, elaborado por la ONG Transparencia Internacional. El índice, que se dio a conocer el día de hoy, analiza las percepciones sobre el nivel de corrupción en el sector público en 180 países.

“Argentina se hunde en el fracaso de la lucha anticorrupción y culmina el 2023 con otro aplazo, retrocediendo un punto más en su score (37/100) respecto del 2022, a la vez que retrocede 4 lugares en el ranking global de Transparencia Internacional (TI) pasando del puesto 94° al 98° entre 180 países, compartiendo puntaje con Albania, Bielorrusia, Etiopía, Gambia y Zambia”, sostiene Bermolén.

La ONG Transparencia Internacional, con sede en Berlín, difundió hoy los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2023. En ese marco, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza sus resultados y los compara con los obtenidos en los ciclos presidenciales previos. Además, reflexiona sobre el rol que debería tener la Oficina Anticorrupción y describe algunas tendencias del actual gobierno de Javier Milei:

• “Argentina se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones, en el pelotón de países latinoamericanos relegados, aunque ligeramente mejor que Brasil (36/100), Ecuador (34/100) Perú (33/100), México (31/100), Bolivia (29/100), Paraguay (28/100) y Venezuela (bien al final con 13/100). Pero se ubica muy por debajo de los líderes indiscutibles de la transparencia latinoamericana que siguen siendo Chile (66/100) y Uruguay (73/100) y por debajo del promedio de América que se mantiene sin cambios en 43/100.
• “El mandato del ex presidente Alberto Fernández se constituye en el de mayor caída en el Indicador de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, perdiendo 8 puntos en sus cuatro años (2020-2023) pasando de 45/100 a 37/100 y llevando al país durante su presidencia del puesto 66° al puesto 98°. Consigue licuar así, los leves y progresivos esfuerzos evidenciados en la administración anterior que le transfiriera el poder” 
• “El ex presidente Mauricio Macri es quien muestra la mejor performance, siendo el único mandatario que elevó las marcas del indicador de Transparencia internacional, año tras año, hasta mejorar 13 puntos en su periodo central de gobierno (2016-2019) desde los 32/100 de puntuación heredados de Cristina Fernández de Kirchner, a los 45/100 con que cerrara su gestión. En su mandato la Argentina escaló del puesto 106° al 66° subiendo 40 lugares, obteniendo un modesto aprobado que, al menos, consiguió sacar a la Argentina de la constante y vergonzante desaprobación”.
• “Dado que las puntuaciones del IPC de TI, sólo pueden confrontarse a partir de 2012 de manera fiable de un año a otro, el segundo mandato de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner es el último que se puede incorporar a la comparación. En ese período de gobierno en que fuera reelegida, Cristina Fernández arrancó con 35/100 para despedirse de su gestión con un pobrísimo 32/100. Es decir que su Administración perdió entre 2012/2015, en su desempeño nodal, 3 puntos en el indicador global y cayó del puesto 102° al 106°”.
• “La gestión de Alberto Fernández aplasta a la Argentina a los valores de una década atrás, devolviéndola a su paupérrimo promedio histórico en la batalla contra la corrupción”.

• “Argentina sigue sin contar con una política pública anticorrupción eficaz y eficiente, dando evidencia de ello el desdibujado rol de la Oficina Anticorrupción (OA), que en la práctica sigue sin dar señales de independencia, neutralidad y continuidad jurídica, constituyéndose en querellante -o dejando de hacerlo- en las causas judiciales más emblemáticas en la materia, según el color político de turno y las órdenes emanadas por el poder ejecutivo. Es una institución dependiente del poder al que paradójicamente debería controlar, limitándose en la práctica a funcionar como una oficina de recomendaciones, muchas de las cuales -incluso- llegan a destiempo”.
• “La responsabilidad de ese fracaso no es exclusiva del poder ejecutivo, quien por ejemplo en el caso de Alberto Fernández evitó enviar al Congreso el proyecto de ley de integridad pública elaborado por la mencionada OA. Tampoco el Parlamento tuvo vocación de discutir en sus comisiones -ni impulsar un dictamen- pese a existir múltiples proyectos al respecto, la sanción de una nueva ley de ética pública que reemplace a la vetusta e incompleta por más de dos décadas vigente. Ni decir que con sus idas y vueltas, su morosidad, y su evidente actitud pendular, el poder judicial no ha avanzado de modo satisfactorio con condenas ejemplares a ex funcionarios que disuadan las tentaciones a avanzar en comportamientos corruptos de aquellos que detentan el poder”.
• “En medio de una flojera institucional, casos de corrupción visibles y escandalosos, demoras en el avance de las causas contra encumbrados ex funcionarios, ataques a la justicia, debilitamiento de los organismos de control, parálisis de la actividad legislativa y del Consejo de la Magistratura, y sin diálogo, la Argentina luce como un país anestesiado y sin rumbo”.
• “En materia de calidad institucional, los avances son esporádicos, vinculados a exigencias internacionales, crisis políticas, escándalos o tragedias, que exponen las debilidades y falencias de un sistema que facilita la impunidad”.
• “Las tendencias para el gobierno de Javier Milei imponen duras advertencias ante el creciente número de funcionarios que podrían estar violando con su designación -y su actuación- la ley de 25.188 de ética pública. Algunos de ellos con causas judiciales pendientes, o procedencia directa desde el sector privado a desempeñar funciones dentro del estado como titulares de empresas contratantes en las mismas áreas, o integrando organismos de control o regulación”.
• “La pluralidad de los posibles conflictos de intereses (reales, potenciales o aparentes) impone la necesidad de contar con una Oficina Anticorrupción autónoma y equidistante del poder, que actúe e investigue de oficio -y no sólo frente a las denuncias- y que emita dictámenes urgentes para evitar el peligro de negociados en el poder.  La intención del actual Ministro de Justicia de eliminar las potestades para querellar a la Oficina Anticorrupción propuestas en la ley ómnibus, es un llamado de atención, más allá de habérselas restablecido -a pedido de la oposición- en el dictamen consensuado de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", próximo a debatirse en sesiones extraordinarias”.