Escándalo judicial: dejan fuera las pruebas y el respaldo de 850.000 personas contra la reforma de la Ley de Glaciares
A más de seis meses de haberse presentado la acción judicial colectiva más grande de la historia contra la reforma de la Ley de Glaciares, el juez federal de La Pampa Juan José Baric continúa con maniobras dilatorias y negando un efectivo acceso a la Justicia.
A más de seis meses de haberse presentado la acción judicial colectiva más grande de la historia contra la reforma de la Ley de Glaciares, el juez federal de La Pampa Juan José Baric continúa con maniobras dilatorias y negando un efectivo acceso a la Justicia. Ahora decidió unificarla con la causa iniciada por el gobierno de La Pampa, y “restringió” la acción, sus argumentos jurídicos, las pruebas y las adhesiones de más de 850.000 personas que acompañaron la demanda.
Más de 850.000 personas acompañaron con su firma la demanda colectiva histórica presentada por Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, junto con organizaciones y asambleas territoriales de todo el país y referentes sociales, para proteger los glaciares y las reservas estratégicas de agua frente a la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 27.804). Medio año después de su presentación, el Juez Federal todavía mantiene sin respuesta las medidas cautelares urgentes solicitadas para evitar daños ambientales irreversibles, y no se ha pronunciado sobre el planteo de inconstitucionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. A esta falta de respuesta se suma una serie de decisiones procesales arbitrarias que ponen en riesgo el avance de la demanda colectiva, dejan al expediente en estado de incertidumbre y generan una situación de denegación de Justicia.
La acción de amparo ambiental colectivo —tramitada bajo el expediente denominado Esquivel (FBB 5866/2026) ante el Juzgado Federal de Santa Rosa a cargo del juez Juan José Baric— fue presentada el 5 de mayo de 2026 por asambleas socioambientales y organizaciones de la sociedad civil para reclamar la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 27.804 y suspender su aplicación en todo el territorio nacional. Tras meses de demora y dos pedidos de pronto despacho realizados en agosto y septiembre, el 8 de octubre el magistrado declaró la conexidad de la causa con el expediente iniciado por la provincia de La Pampa.
El 12 de noviembre, ante un escrito que había sido presentado por el equipo legal de la demanda colectiva en el que se reclamaba resolver sin más dilaciones las cautelares propias sin supeditarlas al trámite de La Pampa, el juez Baric informó que la presentación había sido archivada sin tratamiento, ordenó restringir la totalidad de dicho expediente, y remitió a los demandantes a actuar en la causa pampeana.
Sin embargo, las organizaciones encontraron que la demanda colectiva, sus argumentos jurídicos, la prueba técnica aportada y las firmas de más de 850.000 ciudadanos y ciudadanas no figuran incorporados en el expediente electrónico de La Pampa. Hoy, en términos operativos, el reclamo colectivo en defensa de los glaciares quedó en una situación de incertidumbre judicial, sin garantías claras de que sea efectivamente tratado, algo inaceptable en un estado de Derecho.
Las organizaciones demandantes reclaman una explicación inmediata por parte del Juez Federal y que se dé lugar al reclamo para que se proteja el agua, realizado por 850 mil personas ante la justicia.
La acumulación de hecho con la causa de La Pampa —donde la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó en septiembre el rechazo de la cautelar provincial— no debería convertirse en un atajo formal para dejar sin revisar una demanda con fundamentos, partes y pruebas específicas que nunca fueron evaluadas. El expediente de las organizaciones contiene documentación técnica sobre amenazas concretas e inmediatas en la cordillera; como los riesgos que el proyecto minero Vicuña, incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), representa para el glaciar de escombros GE110, en la provincia de San Juan.
Resulta inaceptable que un reclamo colectivo de esta magnitud enfrente nuevos obstáculos formales mientras los proyectos extractivos avanzan y los pedidos de protección judicial de los glaciares y las reservas estratégicas de agua llevan medio año esperando una decisión. En materia ambiental, el tiempo procesal no es neutro: cada mes sin tutela judicial efectiva expone ecosistemas glaciares y periglaciares a intervenciones irreversibles.
En el día de ayer los abogados de las organizaciones presentaron un recurso de revocatoria con apelación en subsidio mediante el cual solicitaron al juez que revierta su decisión de archivar el escrito presentado en octubre y restringir el acceso al expediente. En caso de que el magistrado rechace el pedido, solicitaron que la decisión sea revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.
Frente a esta situación, las organizaciones, asambleas y la ciudadanía que impulsan la demanda exigen que se respete el derecho a acceder a la Justicia, el acceso pleno y la incorporación efectiva de la demanda, sus fundamentos, toda la prueba documental aportada y las adhesiones de más de 850.000 personas, garantizando su tratamiento; que se deje sin efecto la restricción del expediente; que se resuelvan inmediatamente las medidas cautelares pendientes y que se garantice el tratamiento efectivo de todos los planteos de la demanda colectiva, aun cuando se tramite junto con la causa iniciada por La Pampa.
El Poder Judicial tiene la obligación institucional de garantizar la transparencia del trámite, restablecer el acceso al expediente original y asegurar el tratamiento efectivo del reclamo colectivo.
Fuente: GreenPeace
Foto: Martin Katz para Greenpeace
admin
Comentarios
Deja tu comentario