Alerta por descarte pesquero: un informe detectó 92 mil toneladas de merluza tiradas al mar
Datos oficiales advierten que la flota industrial desechó una cifra monumental de pescado muerto. Semejante volumen alcanzaría para garantizarle una ración diaria a cada argentino por más de una semana. Frente a esta grave crisis, el caso similar en Chile que asoma como la una posible solución para frenar el problema.
Una profunda preocupación atraviesa al sector ambiental tras la difusión de los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). El organismo científico encendió las alarmas al advertir que el descarte de merluza común trepó a 92.336 toneladas. Esta cifra monumental representa peces muertos, entre juveniles y adultos, que son arrojados inútilmente por la borda tras quedar atrapados en las redes de arrastre de la industria pesquera.
Para dimensionar la gravedad de esta práctica destructiva basta con traducir los fríos números del informe a raciones de alimento. Semejante cantidad de pescado alcanzaría para garantizarle una porción diaria a cada uno de los 46 millones de habitantes de la Argentina durante casi nueve días seguidos.
El espacio físico que ocupa esta masa de merluza descartada resulta igual de abrumador. Mover todo ese alimento tirado al mar exigiría movilizar una flota de 3.333 camiones semirremolque trabajando a su capacidad máxima de treinta toneladas. Si se estacionaran todos esos vehículos pesados uno detrás del otro sobre la Ruta Nacional 3, formarían una hilera ininterrumpida de casi setenta kilómetros de asfalto y pescado muerto. Sería una caravana colosal equivalente a la distancia exacta que separa a las ciudades de Trelew y Puerto Madryn.

Sobreexplotación y colapso biológico
El documento técnico que desnudó esta sangría agrava aún más la preocupación sobre el estado biológico de la especie en distintas áreas del Mar Argentino. Los investigadores del INIDEP advierten una evidente sobreexplotación en el sector norte, donde la biomasa reproductiva permanece por debajo del límite seguro de 150 mil toneladas. Esta zona atraviesa un colapso histórico marcado por una disminución del 82 por ciento en las capturas declaradas durante las últimas tres décadas y una alarmante escasez de juveniles.
Mientras el norte sufre las consecuencias del exceso extractivo, el escenario en la zona sur expone una dinámica basada en el derroche incontrolable. Lejos de mermar, el descarte dentro de la propia pesquería merlucera sureña aumentó un 12,7 por ciento en el último período evaluado. Esta conducta profundiza un modelo que prioriza la comodidad operativa y la rentabilidad inmediata por encima del cuidado de un recurso estratégico y alimentario de primer orden.
Frente a la ineficacia de los controles locales para frenar semejante ecocidio, la experiencia de Chile ofrece una hoja de ruta probada y efectiva. La legislación del país vecino obliga a todas las naves pesqueras industriales y artesanales mayores a quince metros a grabar de forma continua sus faenas. Cada vez que la red toca el agua, un sistema de cámaras documenta la actividad a bordo para que luego el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura supervise las imágenes y detecte las infracciones.
El modelo chileno contra la impunidad
Esta herramienta de fiscalización audiovisual permitió a la Justicia trasandina aplicar multas millonarias a las grandes corporaciones pesqueras. El caso más emblemático involucró al gigantesco buque factoría Unzen, una embarcación de casi 92 metros de largo controlada por una multinacional japonesa. Mediante la simple revisión de los videos obligatorios, las autoridades comprobaron que el barco desviaba sistemáticamente hacia la cinta de descarte y la planta de harina de pescado miles de kilos de merluza capturada en aguas patagónicas.
El hallazgo derivó en una sanción económica superior a los 300 mil dólares y demostró que la transparencia tecnológica resulta infalible. A lo largo de los últimos cinco años, el organismo de control chileno abrió decenas de expedientes y recaudó más de un millón de dólares en multas por descarte ilegal, sancionando a buques de arrastre y cerco que tiraban especies agotadas al agua simplemente para liberar espacio en sus bodegas o evitar declarar excesos en sus cuotas.
Además de los castigos económicos, los fallos de la Corte Suprema del país vecino sentaron jurisprudencia para rechazar las excusas comerciales de las empresas que pretendían justificar la matanza de peces argumentando daños en los ejemplares o cuestiones de tamaño y valor de mercado.

Tecnología ineludible para el Mar Argentino
Mientras la crisis biológica de la merluza se agrava y el equivalente a millones de raciones de alimento termina pudriéndose en el fondo del Atlántico Sur, el antecedente chileno expone la solución definitiva al problema. Las organizaciones ambientales advierten que continuar con el actual sistema de fiscalización resulta insostenible frente a una industria que descarta decenas de miles de toneladas sin enfrentar consecuencias penales ni económicas severas.
Frenar este nivel de daño ambiental exige decisiones políticas firmes e incorporar de manera urgente tecnología de monitoreo irrefutable. Obligar a la flota comercial a documentar sus capturas con cámaras a bordo asoma como la única herramienta capaz de terminar de una vez por todas con el secreto corporativo y garantizar la supervivencia de los ecosistemas marinos nacionales.
Fuente y fotos: ONG Sin Azul no hay Verde
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