Organizaciones ambientales advierten que la caída de la Ley de Tierras habilitó la entrega de los suelos patagónicos a capitales extranjeros, mientras un grupo minúsculo de quince exportadoras define el futuro del Atlántico Sur en Europa con el aval del Estado y la ley de transparencia pesquera bloqueada en el Congreso.

Las decisiones estratégicas que definirán el futuro ambiental y económico del país se están tomando lejos de la mirada pública. Frente a una serie de medidas gubernamentales que afectan directamente el patrimonio natural, diversas organizaciones civiles alzaron la voz para denunciar que los recursos estratégicos de la Argentina se negocian a espaldas del pueblo. El reclamo central exige terminar con el monopolio estatal de la información y transparentar de una vez por todas quiénes se benefician realmente con la explotación de los bienes comunes.

El avance sobre la soberanía nacional quedó en evidencia tras la derogación de la Ley de Tierras Rurales mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. Semejante medida eliminó de un plumazo los límites normativos para que corporaciones y capitales extranjeros adquieran grandes extensiones vinculadas al agua dulce, la biodiversidad y la producción en zonas fronterizas. Esta flexibilización territorial avanza sin que exista un debate de cara a la sociedad, dejando el destino de enclaves fundamentales de la Patagonia a merced de los intereses del mercado internacional.

En simultáneo a esta entrega de la soberanía continental, la Comisión de Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados continúa frenando la ley de transparencia pesquera. Esta parálisis legislativa consolida un blindaje institucional que impide conocer los datos básicos sobre la explotación de los recursos y protege el accionar de un sector que opera bajo un fuerte hermetismo estructural.

El silencio oficial y la entrega de los recursos

“Lo que está ocurriendo en la tierra y en el mar no son hechos aislados, sino que expresan una misma falla de gobernanza. Mientras una ley que establecía límites para proteger las tierras rurales fue derogada mediante un DNU, los proyectos destinados a transparentar la actividad pesquera continúan sin tratamiento en el Congreso. Cuando las decisiones sobre bienes naturales estratégicos se toman sin debate público, sin información accesible y sin participación ciudadana, el problema es ambiental, económico, pero fundamentalmente es institucional. La soberanía se ejerce con reglas claras, transparencia y rendición de cuentas”, afirmó Mariana Regueira, responsable de Políticas Públicas e Incidencia de Sin Azul No Hay Verde.

Esta misma matriz de secretismo y desprotección que avanza sobre el suelo nacional se replica de manera exacta en la administración del Mar Argentino. El escenario actual de la industria pesquera ilustra a la perfección esta dinámica de exclusión ciudadana, dejando en evidencia un modelo extractivo que margina a la sociedad de las decisiones ambientales y prioriza los acuerdos internacionales por sobre la conservación del ecosistema patagónico.

Durante los primeros días de octubre, una delegación integrada por apenas quince empresas exportadoras viajó a la feria Argentina Week en la ciudad de París para ofrecer langostino salvaje y vieira a los grandes compradores europeos. Esta misión comercial cuenta con el firme respaldo de la Secretaría General de la Presidencia y el propio Consejo Federal Pesquero.

Sin embargo, resulta inaceptable que mientras el Estado promociona las ventas y las corporaciones aseguran contar con mecanismos de trazabilidad y estándares de transparencia para ingresar al mercado del primer mundo, puertas adentro del país se niega el acceso a la información básica sobre el manejo del recurso.

Trazabilidad comercial versus transparencia ciudadana

Las organizaciones ambientales marcan una diferencia fundamental entre el cumplimiento comercial exigido por las aduanas y la transparencia real hacia la sociedad civil. El objetivo de la actual campaña busca cuestionar la apropiación del prestigio de un recurso natural público e instalar preguntas verificables para saber con exactitud quién accede a las licencias, con qué controles operan en altamar y qué nivel de concentración existe en la administración del Atlántico Sur.

Aunque las cámaras empresariales esgriman credenciales de legalidad para exportar sus capturas, la exigencia pasa por demostrar de manera pública la aplicación de marcos internacionales rigurosos. Las agrupaciones reclaman que la industria adopte los estándares de la iniciativa FiTI, las herramientas anticorrupción de las Naciones Unidas o las directrices de la OCDE, garantizando así un manejo ético, previsible y verdaderamente auditable.

Al respecto, Juan Coustet, coordinador de Sin Azul No Hay Verde, sostuvo que “lamentablemente, en Argentina parece haberse vuelto una constante que un grupo reducido de personas decida sobre el destino de nuestro patrimonio natural”. En la misma línea, remarcó: “la opacidad, el déficit en la fiscalización y la falta de información pública no son cuestiones menores: dificultan el control ciudadano y permiten que los beneficios queden concentrados en unos pocos, mientras los costos ambientales terminan siendo asumidos por los ecosistemas y por toda la sociedad”.

¿Quién decide sobre el territorio argentino?

La falta de respuestas institucionales frente a estos reiterados pedidos resulta absoluta y fomenta una depredación silenciosa. Frente a este muro de opacidad, las agrupaciones ambientales ya presentaron una solicitud formal ante el Consejo Federal Pesquero para crear un registro público de embarcaciones. 

Actualmente, hay dos proyectos de ley impulsados por el Diputado Maximiliano Ferraro, el de trazabilidad que lleva 10 años sin tratamiento ni aprobación y el proyecto Nº xxx que impulsa la creación de un Registro Público de Embarcaciones, con información sobre licencias y cuotas, beneficiarios finales y el acceso a información que es de carácter público y obligatorio y un derecho de la ciudadanía. Este reclamo concreto precede a la actual gira europea e interpela directamente a quienes administran las cuotas y los permisos desde la función pública.

Tanto en el mar como en la tierra, las políticas impulsadas desde el Estado consolidan un modelo que facilita la apropiación de los bienes naturales sin rendir cuentas a la población. Frente a este panorama crítico que pone en jaque la riqueza natural del país, las organizaciones insisten en que la naturaleza no se negocia y exigen abrir de forma imperiosa una discusión pública e integral sobre el futuro estratégico de la Argentina.

“Garantizar información pública clara, precisa y accesible es una obligación del Estado y un derecho de todos los argentinos. Porque hablar de soberanía sin información es solamente una consigna. Tener información oficial y poder acceder a ella es el primer paso para que los argentinos podamos ejercer una soberanía real sobre nuestro mar, nuestros territorios y nuestro patrimonio natural y cultural”, concluyó Coustet.

Fuente y fotos: ONG Sin Azul no hay verde